El N° 2258 (enero del 2019) del Semanario Universidad trajo una sorpresa grata, si potencia una discusión y un cambio, e incómoda si se disipa en el vacío. Con el título de “La transformación de El Semanario en La Nación S.A” Roberto Herrera Zúñiga opina (y da ejemplos) que la publicación universitaria practica hoy un periodismo que se mimetiza con el del medio escrito dominante en el país La Nación S.A. Herrera comete un error que la Redacción se apresura a corregir. La designación de Directores de los medios universitarios la define, desde hace algunos años, el Consejo Universitario y no la Rectoría. Antes los cargos, o al menos la de Director del Semanario, dependían de la Vicerrectoría de Acción Social y, obvio, difícilmente podían criticar a la institución. Quizás un Rector hubiese asumido la crítica, pero un Vicerrector ¡jamás!
Por terminar con esa chirriante dependencia trabajamos algunos universitarios entre quienes se contaba Alberto Cortés. La lucha coincidió en parte con la finalización del contrato de la periodista Laura Martínez Quesada y se malentendió como una pretensión de sostenerla en el cargo contra el deseo del en ese momento nuevo Rector Dr. Henning Jensen. No había tal pretensión. Nos interesaba a todos la independencia del Semanario (y de los otros medios) porque era propia de una universidad pública que sus periodistas profesaran su compromiso sin más limitación que las de la legislación de prensa vigente.
El tiempo fue más rápido que nuestro esfuerzo, la periodista Martínez se marchó porque era lo que por contrato correspondía, y la autoridad universitaria nombró, concurso público mediante, al periodista Mauricio Herrera Ulloa como Director del medio. Se mantuvo algo más de 2 años en el puesto y después se alejó para asumir funciones en cargos públicos que le asigna el PAC. El Director actual es el periodista Ernesto Rivera Casasola. No recuerdo que en esta fase el semanario haya criticado errores o vacíos internos o facilitado un debate que permitiera a sus lectores entender, por ejemplo, la ardua tarea de prolongar una Convención Colectiva. Publicó información, pero provenía unilateralmente de la autoridad institucional o del Sindicato. Periodísticamente poco o nada. Y en cuanto a la institución, seguramente la extendida rectoría Jensen ha sido perfecta. Algunos líos institucionales (seguramente invención de truhanes) han podido leerse en La Nación S.A. Su autor es el profesor de la UCR Iván Molina Jiménez. El Semanario no lo ha entrevistado.
En fin, la crítica de Roberto Herrera Zúñiga es que en la vida social costarricense el Semanario se ha plegado a la guerra de La Nación S.A. Su observación resulta especialmente severa porque la publicación nació en parte por el asco que producía en académicos universitarios, el Dr. Manuel Formoso Herrera a la cabeza, el periodismo de La Nación S.A. cuyos propietarios, en ese tiempo, todavía resentían su derrota relativa en la Guerra Civil del 48. Sus herederos, obviamente, también lo lamentan, pero en este período creen tocar el cielo con las manos ¡Por fin toda la riqueza volverá a sus manos y a las de sus socios! El déficit fiscal es la excusa. Ejemplos: el uso del dinero por el Estado para ese medio siempre es “gasto”, nunca “inversión”. Las pensiones se califican de “millonarias” nunca “legales” y pactadas entre políticos, funcionarios y trabajadores. Se arroja neblina respecto a que el actual déficit fiscal se gestó en la última administración de los hermanos Arias. Obviamente la irracional razón de fondo es que un país centroamericano no puede darse Festival de la Luz, ni aspirar a ser la “población más feliz del mundo” ni a identificarse como “Pura Vida” si no produce nacionalmente con eficiencia y consume con prudencia. Era el ideario de José Figueres. Y tanto producción como consumo suponen invertir en educación de calidad, atender las necesidades de salud de la población con eficacia y ¡crear ciudadanía! no gamberrería!. O sea que el Estado tiene que invertir más y evaluar rendimientos. Tiene que cobrar mejor los impuestos, mejorar infraestructura y tornar enérgicamente eficientes los servicios públicos. Es decir, el país requiere otra revolución. Los dueños de La Nación S.A. también quieren otro país, pero que hinche sus bolsillos. Sus ‘periodistas’ son sus empleados. Quien no sigue a la letra el instructivo superior pierde el rabo.
El Semanario Universidad de hoy no advierte que el país vive una guerra y que en ella su periodismo ha de ofrecer inteligencia, valentía, humor y compromiso nacional. Son valores que se potencian al acercarse a los vulnerables. También si se dialoga con sectores populares organizados. Se esfuman si se acompaña inercialmente a los acomodados (y torpes) grupos medios y se abandonan si no se enfrenta al “periodismo” unilateral y cínico de una prensa hegemónica que solo expresa gulas suicidas. El Semanario requiere reinventarse. Es lo que reclama Roberto Herrera Z. Y Costa Rica. Y la historia del medio.
Conversación.-
Celeste, Mirna, John (Costa Rica).- Nos parece fuera de lugar que se hable de una guerra. El periodismo de La Nación toma partido, pero está en su derecho. Ilustra a la opinión pública. En el país existen otros medios. Si a uno no le agrada La Nación, pues ni la compra ni la lee. A la gente no le gusta el Semanario y no lo compra ni lo lee. Nadie obliga a nadie ni nadie engaña a nadie.
HG.- En nuestro idioma “guerra” tiene varios alcances. Uno de ellos es el de lucha armada. Otro es pugna. Un tercero, oposición. Hay más. Y el ‘armamento’ de estas guerras resulta variado. Los propietarios de La Nación S.A. emplean determinadas armas en el campo económico y utilizan los titulares, por ejemplo, del principal medio impreso (y hoy tal vez el más leído en Internet) del país, como armas. La intervención de ustedes se hizo ayer, 16 de enero. El titular de primera plana del periódico de ese día decía “1.700 jubilados de lujo del Magisterio se libran de tope”. Y abajo de las letras grandes, solo más pequeñas que el nombre del periódico: “Ínfimo impacto para el Estado”. Y “51% laboraron en UCR”. Ese es el mensaje para quien pasa en bus o para el peatón que camina apresurado a sus ocupaciones. Estos jubilados están arruinando al país. La infame UCR está arruinando al país. El titular se prolonga con casi 2 páginas completas (4A y 5A) que incluye nombres y apellidos de quienes tienen las pensiones más altas del Magisterio. Nombre y apellidos resultan enteramente irrelevantes para la “información”. Excepto que se quiera proporcionar datos a los delincuentes de fuera y de dentro de las cárceles para que les caigan a las familias de esos cacrecos de mierda. La Nación S.A. acostumbra perder toda mesura. Hubieran puesto la cifra total y el desglose individual respectivo, sin nombres, porque se trata de personas y familias. El periódico, en sus guerras suele perder toda perspectiva. Esas pensiones individuales pueden resultar altas, para los trabajadores medios del país, pero son legales. En Costa Rica solo el Banco Central puede conocer los nombres de las personas naturales que esconden sus ingresos con la mampara, también legal, de las Sociedades Anónimas. Y esto solo porque el ingreso a la OCDE lo exige. Hubo una pelea y finalmente los millonarios privados cedieron. El Banco Central tendrá la información sobre lo que lícitamente ingresan. Hasta pocos años antes de esta crisis fiscal Costa Rica se mencionaba como el país “más feliz del mundo”. Era una tontería. Igual que el Pura Vida en un país que tiene a 1/5 de su población en la miseria-pobreza y en la que los conductores temerarios provocan más accidentes y muertes que las guerras del narco. Un 30% de los asalariados gana menos que el mínimo de ley. Y más del 20% de las mujeres jóvenes no consigue empleo. Ahí hay para titulares y políticas públicas. Pero un titular escandaloso y una infograma vil por irrespetuoso es comida para trompudos. Eso es lo que estima La Nación S.A. son los costarricenses: trompudos. Díganme si no califica de guerra este brutal irrespeto diario. Esta guerra carece de vencedores. Nos daña a todos.
Mirna, Johnny (Costa Rica).- Usted critica al periódico La Nación, pero entra en su guerra. Tampoco esto favorece al país. Lo que es malo en otros usted lo considera bueno para usted. Coincidimos en que no fue la mejor idea citar por sus nombres a los funcionarios pensionados. El punto es ¿cómo salirse de una guerra sin entrar en la guerra?
HG.- Tocan ustedes un punto difícil. Uno no entra en una guerra si lo que se critica se personifica como oposición y no como enemigo. Y para que califique así hay que concederle racionalidad al opositor. No se lo puede descalificar como si fuera un mosquito portador de malaria al que hay que fumigar. Este viernes 18 de enero, por ejemplo, La Nación publicó en la columna regular de Eduardo Ulibarri (ex Director del periódico) un artículo sobre el Teatro Nacional al cual diputados en la Asamblea Legislativa quieren negarle un crédito de más de 30 millones de dólares para trabajos de restauración y protección del inmueble. Los diputados alegan que en tiempos de crisis fiscal no se justifica el gasto. Ulibarri observa, correctamente: “Olvidan que es una inversión“, no un gasto. Da razones también correctas para esta diferencia. Pero el periódico para el que escribe ve en todo uso de dinero público gasto y no inversión. Los diputados que adversan el crédito al Teatro siguen también este criterio. Si lo alterasen en el sentido que le da Ulibarri, tanto el Gobierno como los diputados más hostiles a los sindicatos tendrían una oportunidad para abrir con ellos un diálogo constructivo para el país. Se les pediría avanzar para la gestión pública y sus remuneraciones un modelo de pago y mejoramiento salarial por eficiencia centrado en el logro de objetivos medidos anual o bianualmente. Obviamente el modelo implicaría más inversión, por ejemplo, en salud, educación e infraestructura. Pero el país ganaría y esto se vería reflejado en el mediano y largo plazo. Algunos escriben en el periódico que los trabajadores en huelga son “terroristas”. Si se los pasa a valorar objetivamente como trabajadores con alto rendimiento (medido) el país gana. Nadie pierde, los salarios públicos constituirían inversión sana a mediano y largo plazo. Y este objetivo no es para nada incompatible con una racionalidad que incluya colaboración y no enfrentamiento entre el sector público y el sector privado de la economía-sociedad costarricense. Es solo un ejemplo a partir de una observación del ex Director del periódico, pero ojalá fuese una de las rutas constructivas que el país quisiera seguir. Volvería a ser ejemplo de civilidad constructiva en un mundo que la requiere.
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