En las conversaciones recientes (al escribir estas líneas aún no finalizadas) entre el gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Chavez Robles y los rectores de las universidades públicas respecto al financiamiento que las últimas recibirían del primero para cumplir con sus obligaciones el año 2023 parece existir, por parte del gobierno, o un desconocimiento de los caracteres del trámite o un esfuerzo por enrarecerlo con vistas a metas difícilmente alcanzables en el plazo de un solo gobierno. Las nebulosas gubernamentales quedan relativa e irónicamente claras en declaraciones que el ministro de Hacienda brindó al periódico La Nación S.A. y que este medio reprodujo el día 17 de agosto. En lo que interesa, el ministro Nogui Acosta señaló que teniendo en cuenta la situación de recursos estatales necesarios para la educación “preescolar, primaria y secundaria” se advierte que las universidades públicas reciben “cerca de un 72%” de los recursos totales y que ello supone un “desbalance” o “distorsión” entre lo que “el Estado dedica a la educación superior y lo que invierte en preescolar, primaria y secundaria”. Así, se imaginó ‘desvestir a un santo para vestir a otros’. Y añade el ministro: ‘… desde esa perspectiva tenía sentido el tema de reducir el FEES (destinado a las universidades públicas) para hacer crecer el destinado a otros planos y niveles educativos’. Y termina el ministro: “… tenía sentido el tema de reducir el FEES, pero el planteamiento se vino abajo frente al hecho ‘fundamental’ que defendieron los rectores con base en la Constitución Política”. Ahora, los rectores no podían sino hacer lo que hicieron porque les correspondía cumplir un mandato constitucional que, al parecer, la administración Chavez Robles desconocía.
Desde luego el tema de la inversión pública en educación y salud resulta decisivo en sociedades como las latinoamericanas que producen pobres y miserables. Lo que parece extraño es que nadie en la administración Chavez Robles se hubiese percatado en la disposición constitucional que determina el financiamiento de la educación superior pública costarricense. Y que tuvieran sus funcionarios que enterarse del asunto en la mesa que reunía al Gobierno con los rectores. Añade el ministro de Hacienda: “…pero el planteamiento (del Gobierno) se vino abajo frente al hecho “fundamental” que defendieron los rectores, con base en la Constitución Política”. Ya se vio que los rectores no podían hacer otra cosa porque constitucionalmente debían hacerlo. Consentir los dejaba expuestos a demandas judiciales. La posición de los rectores no era ‘fundamental’, sino constitucional. Como ahora el gobierno parece estar mejor enterado del carácter de lo que se discute podrían darse acuerdos que ayudasen al país en el campo de la educación al no reducirse la cuestión al empleo de fondos siempre escasos.
Las autoridades universitarias pueden favorecer, por ejemplo, repensar las formas de la educación pública (incluyendo la formación universitaria del magisterio en todos los niveles) de modo que lo que país invierte en este campo resultase cada vez más eficaz en términos de formación ciudadana, humana, económica y profesional. El cambio podría comprometer desde un inicio el trabajo con maestros y profesores ya en ejercicio y a las Escuelas de Formación Docente existentes en las universidades públicas. El Estado y las Universidades (públicas y privadas) podrían establecer programas permanentes de perfeccionamiento a maestros y profesores en ejercicio (y cuya voluntad de perfeccionamiento permanente podría contener beneficios salariales). Costa Rica es ejemplo latinoamericano de que invertir colectivamente en salud resulta beneficioso para todos. Invertir en educación (crecimiento humano constante para todos) de calidad tiene un alcance semejante. Ojalá que un gobierno que en sus primeros pasos ignoraba hasta que las Universidades públicas recibían un financiamiento que constitucionalmente no podía alterarse en su contra, sea también el gobierno que acometa la transformación en educación que el país requiere para bien de su ciudadanía y de todos. Es asunto de dar los primeros (tal vez algunos ya existan) y esforzados pasos. Costa Rica ya lo hizo en salud. Podrá hacerlo también en educación pública. Por supuesto la invitación comprende a la educación privada. En el mejoramiento humano de las familias y de los individuos hay cabida para todos.
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