“Dos mujeres” fue la traducción del título de una película italiana de 1960 ‘La Ciociara’ (regionalismo traducible como La Campesina o como Caminar con los pies propios). El original es una novela de Alberto Moravia. Como se centra en la desgarrada historia de dos personas (madre e hija) que buscan evadir la muerte y conservar su dignidad durante la Segunda Guerra Mundial, dudé. Finalmente se ha mantenido porque a fin de cuentas este texto versa sobre tres mujeres costarricenses de alguna manera en guerra y el nombre es solo eso, un encabezado.
La primera dama es la ya renunciada Cecilia Sánchez Romero quien se desempeñó como Ministra de Justicia y Paz desde la mitad del 2015 hasta finales del 2017. La señora Sánchez Romero destacó porque desde su cargo privilegió derechos humanos y los midió por la forma en que Costa Rica trata a sus presos y también a sus carceleros. Un país cuyos dirigentes políticos hacen gárgaras con su régimen democrático y su respeto por derechos humanos olvida que ellos carecen de ciudadanía efectiva y que reos y guardias, entre otros, son también personas. La señora Sánchez se interesó en reos y carceleros y presidios. Quiso que estos últimos albergaran seres humanos. Su tiempo fue breve, pero abrió una senda. Cayó, sin dejar de ser avergonzante, la cifra de hacinamientos y se avanzó en la configuración de nuevos o renacidos reclusorios. Fue un paso, el primero en décadas, en la dirección correcta. Recibir una sanción penal no transforma a los individuos en no-personas. Especialmente si se entiende que el delincuente resulta de una mixtura de rasgos individuales y determinaciones sociales. El ‘cementerio’ Bolaños es una producción social. Como Donald Trump. Caminar con pies propios le valió a Cecilia Sánchez amenazas e insultos. El que más le dolió por injustificado y grosero fue: “Usted es la roca que nos está llenando de delincuentes, debería darle vergüenza, vieja”. Quien se lo escupió obviamente ignoraba que un Ministro de Justicia no tiene institucionalmente competencia para liberar reos.
En sus extensos artículos en La Nación S.A., Velia Govaere Vicarioli, catedrática universitaria, destacó siempre por los análisis y propuestas que contenían información, reflexión y voluntad de cambio-servicio. Se podía discrepar de sus opiniones, pero también pensar constructivamente a partir de ellas. Excepcional para un periódico que tiene como articulista oficial y dominical a Carlos Alberto Montaner y que sofoca con criterios editorial-empresariales su línea “informativa”. Infortunadamente su propuesta de autora pareció cambiar en la segunda mitad del 2017. En texto de noviembre, por ejemplo, Govaere olvida que en la disputa por la venia o rechazo de un determinado “Tratado de Libre Comercio” con EUA no solo se dio un Sí y un No plagados de exageraciones, sino también una minoritaria propuesta para hacer primero cambios internos para que el tal Tratado (de comercio preferencial, en realidad) no acentuara desagregaciones o retrasos internos. Esto podría haber aportado a su actual tesis: “La misma fuerza de la globalización que lleva progreso, también impone la necesidad de universalizar socialmente sus frutos”. En realidad la actual mundialización no contiene ‘solo’ progreso. Se abre asimismo a una catástrofe ambiental y a una eventual Guerra Mundial con empleo de armamento de destrucción masiva, por solo hacer dos referencias escasamente ‘progresivas’. Pero bajar el peso del Estado en la producción y aumentar sus ingresos fiscales para financiar políticas sociales que mejoraran la inserción de la población en una sociedad-economía moderna con óptimo costo ambiental habría hecho de Costa Rica un país pionero. Y hoy tal vez su realidad sería otra porque sus gobiernos, desde el 2006, habrían actuado de manera diversa. Cónstese que el cambio debió comenzar en la década de los 90. Sin embargo, el asunto es ya historia.
El peor artículo de este período de Govaere Vicarioli no es el anterior, sino uno titulado “¿Y dónde estaba el piloto?”, de noviembre del año recién finalizado. Versa en parte sobre el juicio mediático que La Nación S.A. hizo del ya puesto en prisión preventiva Juan Carlos Bolaños. El artículo de Govaere remite al Presidente Solís. Lo califica tanto de Savonarola como de “inocente” (en el sentido de o libre de culpa o cándido), lo último por su “amistad” con el diputado Morales Zapata. Se sabe que La Nación S.A. desea involucrar al Gobierno del PAC en el escándalo del “cementazo”. Y por ello se afana en mencionar al presidente Solís. De todas formas La Nación S.A. perderá el palo. El PAC no existe. Ottón Solís (el Savonarola) no es cercano del Presidente ni éste es ficha del Directorio actual de ese partido. Hay diversos PAC odiándose cordialmente. Por lo demás el PLN sobrevivió al Junior y su millón de dólares inexplicables e inexplicados, de modo que tal vez el PAC muera pero no será por sus sinvergüenzadas. El punto es aquí que aquí Govaere se traga entera una trama de La Nación S.A. cuya finalidad es retener para sus dueños el monopolio de la codicia legal. Govaere Vicarioli ha mostrado condiciones muy superiores a esto. Le conviene insistir en ellas.
La tercera dama es o ha sido una 'opinionista' “oficial” de La Nación S.A. Es también la señora esposa del candidato presidencial Álvarez de Santi. Por su ejercicio opinionista (protagoniza el peor desempeño, lejos incluso de Luis Mesalles) no parece que el eventual futuro presidente vaya a obtener de su vida hogareña un apoyo excesivo para su ejercicio en el cargo. Estará de la Virgen que el país siga a tumbos cuesta abajo pese a personalidades como Cecilia Sánchez.
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Conversación
Efraín Carlos (Costa Rica).- Deseo que en este año que se inicia conozca muchos estudiantes nuevos de distintas partes del país. Experimento la rica diversidad de la Universidad de Costa como una de las experiencias más gratas que pueden vivirse en la institución. En lo que toca a su artículo creo se le debe agradecer no identifique a la señora Sánchez como madre de Celso Gamboa como hacen algunos medios del país. Así, ella tampoco queda afuera del “cementazo”. En la misma línea, supongo debe estar usted familiarizado con el término “golondrinas” para designar a las personas privadas de libertad que se encuentran bajo un régimen alternativo de ejecución de la pena y eran puestas en “libertad” (Desde la oposición y en la actual campaña política esto se lee como “liberación masiva de reos”). De hecho el término ha sido empleado de forma irresponsable por medios de comunicación y también por funcionarios públicos. Por ejemplo, el director del OIJ, de quien extraña la imprecisión, dijo que quienes habían torturado y asesinado a Erwin Guiño Toruño (más conocido como “El gringo” gracias a la prensa nacional) se encontraban bajo dicho régimen. Varios medios no tardaron con los titulares sobre las “golondrinas”. Al comprobarse el error no vi disculpa por parte alguna. Para finalizar, la señora Sánchez ha dejado el cargo de ministra para asumir como jerarca del ILANUD, y Marco Feoli pasa a suplirle. Mi pregunta iba en ese sentido: ¿qué destino atisba al Ministerio de Justicia y Paz y más concretamente a sus políticas humanitarias de cara a estas confusas y cada vez más cercanas elecciones? Con el panorama actual semejante pregunta parece incontestable pero espero que algo pueda decir. Le envío un cordial saludo y me excuso por la extensión. Estos temas me parecen muy interesantes e importantes, pero no parece haber mucha gente dispuestas a tratarlos desde otra óptica.
HG.- Distingo aspectos sustanciales en su mensaje. Una es la capacidad de la Universidad de Costa Rica para atraer personas diversas y permitirles ligarse mediante esfuerzos compartidos y metas comunes. Lo enfatizo porque se advierten tendencias orientadas a destruir éstas y otras capacidades de la universidad pública. Se trata por supuesto de un tema complejo. Otro aspecto que me parece central es la indiferencia de sectores de la población, e incluso de parlamentarios y políticos que alcanzan alguna notoriedad, hacia el campo de derechos humanos. Es como si una vez que el país ganó prestigio en relación con su régimen democrático de gobierno y derechos humanos entonces esa reputación se mantiene se haga lo que se haga. Costa Rica ya sufrió una penalización en el caso de la fecundación in vitro. Implicó la salida del más alto juez de la Sala IV y otros cambios. Pero incluso diputados habían manifestado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenía por qué meterse en los asuntos de Costa Rica. Y otros sostienen que no es apropiado atender a esas parejas con recursos públicos, o sea de todos los ciudadanos. La Corte Interamericana interviene porque el Gobierno de Costa Rica firmó en su momento documentos internacionales comprometiéndose a respetar su jurisdicción. Si se desea que esa Corte no se meta con Costa Rica, pues basta con retirarse. No hay problema con ello, excepto la pérdida de prestigio internacional. Y la seguridad social debe atender a esas parejas. Derechos humanos no es algo que pueda resolver la Virgen de los Ángeles o las iglesias cristianas o el ‘sentido común’ imperante que dice que las parejas que no pueden tener hijos deben acatar la voluntad divina. La política de la Ministra Sánchez tocaba este punto de derechos humanos. Costa Rica viola sistemáticamente derechos humanos de presos y carceleros y recién con esta Ministra ha echado a andar un proceso que cambia en algo esa violación pero que, por inicial, es todavía insuficiente. Lo que hará la próxima administración estará presionado tanto por el déficit fiscal como porque los ciudadanos no quieren saber de derechos humanos excepto cuando se les violan singular y directamente a ellos. Pero se trata de una cultura. Las probabilidades de seguir la senda indicada tanto por Sánchez como por Feoli son bajas. Sin embargo podría darse la posibilidad de interesar al sector privado para que, bajo determinadas condiciones, se haga cargo de un sector del régimen penitenciario. Nadie lo menciona en este momento (más bien uno de los candidatos ofrece meter a la cárcel a todo el mundo), pero podría constituir o una salida o un alivio al menos para este desafío. Quisiera añadir una precisión una precisión conceptual. No calificaría el interés de la anterior Ministra de Justicia, ni la del actual, como “humanitario”, porque los ‘humanismos’ pueden ser predicados de manera muy diversa. Se trata de una intervención ciudadana. Remite por ello al Estado de derecho. Esta delimitación permite asumir de mejor manera lo que se discute.