Universidad Omega, N° 39,
julio 2017.

 

 

   El 19 de julio recién pasado se hizo pública la decisión de la Conferencia Episcopal de suprimir el discurso del ciudadano Presidente  de la República en la misa católica que tradicionalmente se celebra el 2 de agosto en la basílica de Cartago (LN: 19/07/2026). Los obispos tomaron la medida para distanciar “asuntos de fe (religiosa) y política” y ofrecer a sus fieles la  prístina vivencia de una “celebración litúrgica”. La celebración consiste en una misa en la que se administra el sacramento católico de la comunión. Por supuesto durante la ceremonia religiosa hablará (el discurso se llama homilía) el obispo designado. Se supone tendrá la compleja y difícil tarea de no mezclar sus creencias pías con los desafíos y sentires ciudadanos. Visto así, se trata de una decisión atinada. Una celebración litúrgica de la iglesia mayoritaria en Costa Rica pertenece a sus fieles (y en menor medida a turistas con o sin fe religiosa que asisten a la ceremonia como parte de un tour) y las palabras de un político, o su presencia oficial, no resulta apropiada. Los obispos abren la posibilidad a futuro para que un Presidente que no haya recibido la gracia de la fe católica no asista del todo al evento. E incluso que un mandatario o mandataria (alguna mujer presidirá el país cuando a los votantes hayan olvidado a la distinguida señora Chinchilla y en cualquier momento del futuro podría darse un mandatario/a lesbiana u homosexual masculino que, con fe religiosa, rehúse asistir a un templo cuya autoridad discrimina su opción sexual). En estos días el presidente actual, Luis Guillermo Solís, ha indicado llegará a la ceremonia y durante ella permanecerá callado u orando/cantando. Deseamos que de pie o sentado, nunca de rodillas. Incluso los obispos han abierto la posibilidad de, si les place, reunirse con él después de la liturgia. Un tipo de Encuentro de Gigantes y alguno. Ignoramos si el señor Solís es fiel católico. Tal vez deba su presidencia a la Virgen de los Ángeles.

   Lo positivo de la decisión obispal es que reconocen, de buena fe (no tienen de otra), que sus liturgias constituyen asunto privado, no ciudadano. En los encuentros ciudadanos nadie puede ser despojado de la palabra por autoridad alguna. Otro alcance de la decisión de los prelados es que, por su carácter privado y no ciudadano, la fiesta litúrgica en su conjunto debería ser financiada (seguridad, salud, limpieza, etcétera) con fondos propios o por quienes participan en ella o por donantes no del sector público. Por tratarse de una movilización masiva, podría existir algún aporte público, pero ello no debería comprometer de manera alguna un uso irrestricto de ingresos fiscales. Se orientarían subsidiariamente a proteger y auxiliar ciudadanos en apuros. Tampoco la liturgia, y el espectáculo que la precede, acompaña y sigue, debería causar congoja alguna a ciudadanos que desean transitar expeditamente por calles que son públicas, financiadas por todos los ciudadanos y administradas por municipalidades o el mismo Estado. Es cosa de ponerse de acuerdo. Si Walmart se pone al servicio de los ciudadanos (que son además sus compradores), los mercados de la fe religiosa también pueden hacerlo. Como afirmaba cada tres minutos el graciosísimo Eduardo Lizano: “No existe desayuno ni hostia ni procesión gratis”. Así como los Presidentes de hoy y de mañana son invitados a callarse y lo aceptan, también resulta factible que aparatos religiosos y autoridades públicas se pongan de acuerdo para que quienes disfrutan del mercado de la religión financien la mayor parte del negocio. Si se niegan, podría ponérsele impuestos al espectáculo de masas o cobrar peajes en sus trayectorias a los romeros. Hoy día, y quizás siempre, si algo cuesta dinero se torna sagrado o casi. Los peajes robustecerían la fe religiosa y aportarían algún billete para un arca fiscal exhausta ¡y esto en día feriado!

   En buen minuto la Conferencia Episcopal desea cooperar con la configuración de un Estado laico en Costa Rica. Torna así factible apoyarla con algún consejo. Los romeros podrían transitar en horas de menos congestión vehicular (en las madrugadas, por ejemplo) disminuyendo costos y tropiezos humanos y de vehículos. ¡Uno o varios milagros valen la levantada!

   En fin, si la Conferencia Episcopal toma la iniciativa, parece que el Estado laico va. Si la transición no la administra el MOPT podría tardar unos siglos (si es el MOPT, milenios), pero eso no demerita el fervor laico de los obispos. Se nota la ausencia del pensionado apóstol Ulloa.
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Conversación

   María Elena (Costa Rica).- ¿Cree usted verdaderamente que la iglesia católica apoye un camino hacia el Estado laico en Costa Rica?

   HG.- Lamento haberla confundido. Mi texto intenta ser irónico. En la decisión de los obispos costarricenses probablemente concurren factores diversos. No les resulta grato, por ejemplo, el apoyo de la administración Solís al movimiento por la aceptación de la diversidad sexual. Tampoco les pareció su participación en la resolución del asunto de la fecundación in vitro (que deben haber resentido como una derrota). En otro ángulo, el candidato de Liberación Nacional para la próxima elección presidencial busca el apoyo electoral de los partidos “cristianos”. Da por descontado el respaldo católico y los obispos desean llamar la atención al voto pudiente sobre su propia importancia e independencia político-cultural. Ahora, la jerarquía católica, desde el Vaticano, se autoconfiere el papel de Pepe Grillo (conciencia ética) de las sociedades. Así que no va a renunciar a su papel político ni en Costa Rica ni en parte alguna. Lo hará apoyándose en condiciones especiales, concordatos, etcétera, pero lo hará. Y, por último, las iglesias lo deseen o no juegan un papel político. Aunque quisieran, no pueden renunciar a él. Y si son mayoría  y además de su presencia agente directa han penetrado en la cultura difusa de la población, que es la situación costarricense, la renuncia es enteramente no factible. Por hacer una referencia centroamericana “Nuestra Señora del Rosario”, venerada en Guatemala, acompaña hasta en sus masacres rurales al Ejército de Guatemala. Las presencias sobrenaturales varían de país en país, pero siempre bendicen al orden vigente o maldicen a las administraciones “enemigas” como ocurre hoy en Venezuela. Esta religiosidad es parte de nuestro folklore.

   Pedro (Costa Rica).- ¿Insinúa usted que los obispos mienten cuando afirman que la liturgia no debe incorporar intervenciones de personalidades no ordenadas de acuerdo a una norma vaticana? Yo leí las declaraciones completas de Glen Gómez, vocero de la Conferencia Episcopal, y de José Francisco Arias, rector de la Basílica de los Ángeles, declaraciones que usted no ha mencionado en su artículo. Ellos fueron clarísimos al justificar la decisión de no dejar que el presidente Solís, ni ninguno de ahora en adelante, se dirija a los fieles. Se permite a los Jefes de Estado asistir a las misas pero nunca se les cede la palabra.
 
   HG.- Para nada insinúo que los obispos y sus voceros mienten. Los personeros de la iglesia, en particular los obispos o el Papa, no mienten jamás. Cuando parecen hacerlo están utilizando lenguaje pastoral (o sea útil para conducir ovejas y que se usa en beneficio de éstas). Distinto es cuando emplean verbo doctrinal o teológico, ambos dogmáticos. Aquí se habla de verdades reveladas y por tanto no caben en ellos errores ni falsedades ¡Dios nos guarde de Satanás! En esto, como en tantas cosas, para verdades el tiempo.

  

   Mercedes (Costa Rica).- ¿En qué beneficiaría a Costa Rica un Estado laico? No lo hemos tenido y nos ha ido bien. Para qué cambiar entonces.

   HG.- Socialmente no es tan sencillo dar cuerpo único a una expresión como la que usted utiliza: “Nos ha ido bien”. Habría que preguntar a quienes podrían contestar “Nos ha ido mal”, es decir a quienes la sociedad ha producido como “vulnerables”. Por supuesto se puede argumentar que esos “vulnerables” lo son porque lo han querido. No han tomado las decisiones correctas. Tienen vicios. Nos les gusta trabajar. Etcétera. Pero en Costa Rica a un grupo no pequeño de parejas les había “ido mal” en su deseo de tener hijos biológicos y como el país, o sea su legislación, les negaba la fecundación asistida, debieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estas parejas les “había ido mal” y su parte de responsabilidad era nula o bajísima. Tanto que algunas figuras católicas recordaban que tener hijos, ser padre y madre biológicos, era decisión de Dios, no de los cónyuges. El deseo de estas parejas iba entonces contra la voluntad de Dios. Desde luego, no todos los fieles católicos opinaban en este sentido. Las personas del conflicto recurrieron a los circuitos judiciales locales y, finalmente, como no les daban razón, presentaron su caso a la Corte Interamericana. La decisión les favoreció y el Estado costarricense se vio obligado a autorizar la fecundación asistida (in vitro la llaman) en el país.  Las decisiones de esta Corte internacional Costa Rica no las puede soslayar porque ha firmado Pactos Internacionales que tornan vinculantes sus fallos. Obviamente el país podría retirarse de su jurisdicción.  Como no lo ha hecho, entonces se ve obligado a cumplir sus sentencias. Por supuesto podríamos citar a otros sectores sociales en situación permanente de “vulnerabilidad” a quienes “no les va bien”, pero creo que con el ejemplo dado basta. Este es un punto. No a todos les va igualmente bien en este país.

   Ahora, las parejas que recurrieron a la Corte Interamericana lo hicieron como ciudadanos con derechos (y deberes). Se consideraron ciudadanos discriminados y la Corte Interamericana les dio la razón. Esta es la gran ventaja de un Estado laico. Que los ciudadanos no pueden ser discriminados por razón particular alguna excepto que cometan delitos. En este último caso tampoco resultan discriminados. Si se estima han cometido un delito, quienquiera sea, mujer o varón blanco o asiático, opulento o miserable, se le realiza cargos, un circuito judicial conoce la situación y falla el caso de acuerdo a derecho. El fallo puede resultar absolutorio o condenatorio en todo o en parte. El ciudadano puede apelar estos fallos judiciales alegando razones jurídicas. No se le puede privar de sus derechos. No es que los ciudadanos sean iguales como “personas”. La ley los considera iguales en cuanto ciudadanos. Iguales derechos, iguales responsabilidades  Sea millonario o pobre de solemnidad su situación debe ser resuelta de acuerdo a Derecho. Un Estado laico se relaciona con ciudadanos y éstos deben ser tratados como iguales por el orden jurídico. No existen ciudadanos por encima de toda sospecha ni tampoco ciudadanos que, por su pobreza o color o nacionalidad, por ejemplo, resulten perseguidos y castigados por los circuitos judiciales. Este es el concepto. Que se cumpla, es otra cosa. Ah, y un ciudadano costarricense también adquiere responsabilidades y derechos internacionales si su Estado firma determinados pactos. El asunto se relaciona con algo que la gente suele alabar (aunque no sepa bien de qué se trata): derechos humanos.

   Lo que vale para los circuitos judiciales vale asimismo para las personas. Una persona no puede agredir a otras incurriendo en faltas o delitos. Por ejemplo, no se puede insultar o menospreciar o negarle el trabajo de oficinista o jardinero a un homosexual o lesbiana. Puede no concedérsele ese empleo, pero por falta de requisitos, por ejemplo, no por su opción sexual. Un homosexual masculino es un ciudadano. Y una lesbiana es una ciudadana. En Costa Rica tener estas opciones sexuales no constituyen delito, de modo que no se les puede discriminar (aunque de hecho ocurra). Tampoco es delito que un varón utilice ropa de mujer o que tenga como como oficio la prostitución (tampoco es delito). No se le puede discriminar porque es un ciudadano. Tampoco se le puede discriminar por no tener fe religiosa o no ir a culto alguno. Con o sin fe religiosa sigue siendo un ciudadano con derechos y deberes. En lo que toca a su conciencia y uso de su cuerpo es inviolable… mientras no cometa delito. En este último caso tampoco puede ser maltratado sino que debe ser presentado a las autoridades competentes para que responda no por su opción sexual, su vestimenta y afeites  o trabajo, sino por el delito del que se le acusa. Por ejemplo, masturbarse para algunas religiones puede constituir pecado, pero no constituye delito. La masturbación pública, en un parque, sí puede ser tipificada como contravención o delito. Pero como acción privada, nadie puede ser acusada/o por ello. Al menos en Costa Rica.

Se puede hacer otra referencia. Mi opinión es que una iglesia, vía sus autoridades o comunidades, no puede atacar públicamente a homosexuales, mujeres o varones. Este ataque público puede ser verbal o material. En Costa Rica alguna vez un religioso diocesano pidió a sus fieles, y después los condujo, apedrear un hotel donde se realizaba un encuentro de lesbianas. En mi opinión al incitar a ese apedreo (lapidación) se producían varios delitos o contravenciones. Se apedreaba una instalación privada. Se discriminaba y vejaba públicamente una opción sexual privada. Se incitaba a la violencia contra ciudadanas desprotegidas que no realizaban acción alguna (reunirse a debatir, tener una opción sexual privada determinada) que agrediese a nadie. Una persona heterosexual no es atacada porque existan homosexuales. Puede experimentarse atacada, que es distinto. Si esa experiencia le genera un daño especial, puede luchar legalmente para que la legislación considere delictiva la homosexualidad (su práctica). Seguro un abogado añadiría otros aspectos.

   Un Estado laico asegura a todos sus ciudadanos que ninguno será discriminado por factor personal o grupal alguno (edad, opción sexual color de piel, adscripción religiosa, localización geográfica, etcétera). A cambio de esta seguridad jurídica (de personas y sus bienes) les recuerda no incurrir en delitos. Por supuesto un católico o un mormón son también ciudadanos. Y nadie debe atacar de manera alguna sus convicciones religiosas porque son parte de sus opciones personales o privadas. Se las puede analizar y discutir. Pero no se puede llamar a apalear a católicos o mormones o luteranos por sus convicciones religiosas. Pero el católico o el mormón o el luterano debe recordar asimismo que otros ciudadanos pueden no tener sensibilidad religiosa alguna o tenerla distinta a ellos. En todos los casos se trata de libertad de conciencia personal, de un asunto privado que no constituye delito alguno. Por lo tanto el Estado no interviene. Protege a sus ciudadanos por igual, si es del caso, a creyentes religiosos y no religiosos. Un Estado resulta laico cuando no da un trato especial a religiosidad alguna por ser tal religiosidad. En Costa Rica la institución católica tuvo históricamente privilegios (incluso aparecía constitucionalmente privilegiada como la ‘religión del Estado’) ante otras instituciones religiosas. Eso ha venido cambiando. Un Estado laico ampara todas las comunidades religiosas y sus expresiones de fe religiosa porque resultan expresiones privadas de ciudadanos. No tiene por qué financiarlas. A veces esas expresiones de fe se manifiestan como presencias multitudinarias. Entonces la autoridad estatal toma medidas para proteger a esos fieles. Igual puede hacerlo cuando un juego de fútbol atrae a miles de hinchas-ciudadanos. No los protege en cuanto hinchas sino en cuanto ciudadanos. Por ejemplo, alguna vez se suspendió en Costa Rica el homenaje masivo a la Virgen de los Ángeles (2 de agosto) porque en el país se manifestaba un virus o cepa infecciosa que podría tener efectos letales para las personas y también costos elevados para la seguridad social. A diferencia de un Estado laico (Costa Rica no tiene del todo este carácter), un Estado puede adoptar una actitud laicista frente a las espiritualidades religiosas y sus instituciones porque las considera dañinas para la ciudadanía. En ese caso no financiará educación pública religiosa, por ejemplo. Tampoco firmará concordato alguno. Y seguramente tomará medidas que tornen financieramente difícil la existencia de una educación privada religiosa. No es el caso de Costa Rica, como resulta fácil de apreciar. Aquí nadie persigue a las iglesias aunque algunas organizadas por pentecostales entre grupos humildes, rurales y urbanos, convocan desconfianza/desprecio. Un diocesano católico acusado de algún delito no recibe gran exposición pública y usualmente llega a un acuerdo, si la legislación lo permite, con aquellos que resultaron perjudicados por su acción. El pastor de una Iglesia como la Roca del Pedernal, en cambio, recibe muchos años de cárcel por sus delitos/abusos y normalmente se le estigmatiza (por los medios masivos y las redes sociales) para siempre. Opera para estas distancias el peso de una sensibilidad religiosa inercial y difusa entre la población. Es humano, aunque no resulte bueno. Los delitos los cometen ciudadanos, no religiosos de distinta categoría. Luego, un Estado laico ofrece la seguridad de que nadie podrá discriminar a un ciudadano por sus ideas o espiritualidad si no constituyen delito (incitar a la violencia, por ejemplo), cosa que un Estado confesional tal vez no haga. Costa Rica no tiene ni un Estado confesional (aunque mucha gente así lo crea y practique) ni tampoco un pleno Estado laico. Se mueve muy lentamente, y con oposiciones variadas, hacia esto último. Por ello este movimiento podría revertirse.


   Irene (Costa Rica).- ¿Qué sería un Estado confesional?

   HG.- Uno en el que una determinada fe religiosa  y sus institucionalizaciones resultasen vinculantes, o sea obligatorias, para su población. El asunto afectaría a la legislación. Muchas prácticas (homosexualidad, aborto, vestimentas, formas del habla, alimentos o bebidas, etcétera) podrían ser tipificadas como prohibidas o delitos porque la creencia religiosa así lo prescribe. Ciertas pautas religiosas podrían asimismo invadir el comportamiento social y personal enrareciendo la existencia cotidiana. No es el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una redacción pintoresca en su Constitución porque su artículo 75 y único, del título VI, dice: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.” La redacción es peligrosa porque habla, por ejemplo, de “la moral universal”, cuestión de existencia dudosa. Pero es también pintoresca porque atribuye a una no-persona natural, el Estado, una religión y una adscripción institucional: “La Religión Católica, Apostólica y Romana”. Esto tornaría al Estado costarricense no en “confesional”, sino en clerical y subordinado al Vaticano (la religión católica no es romana sino vaticana. Y el Vaticano es también un Estado). Obviamente los constituyentes no querían decir tal cosa, pero la escribieron. Si el texto se cumpliera por su letra no podrían darse en este territorio “otros cultos” porque sería equivalente a poder llamar a la eucaristía con una liturgia masónica o veda. En todo caso una comisión de notables señaló en su momento que este texto no debía ser tomado en serio y que todo el mundo sabía que en Costa Rica se practicaba la libertad de cultos. Por supuesto, lo que debió hacerse fue la supresión del texto y su reemplazo por uno más breve, si se quería: “En Costa Rica se practica la libertad de cultos religiosos. Nadie puede ser discriminado o perseguido por sus sentimientos religiosos o por no tenerlos”.

   Lorena, Ana (Costa Rica).- Pero usted se burla públicamente de las creencias religiosas al comentar el silencio que debe guardar el presidente Solís en un acto religioso.

   HG.- Si ustedes lo resintieron así, les pido excusas. Insisto en que la opinión inicial versó sobre una decisión de la Conferencia Episcopal acerca de no permitir hablar a un ciudadano (el Presidente) en una liturgia porque en ella solo las autoridades ordenadas pueden dirigirse a los fieles. Señalé que esa decisión implicaba que los obispos reconocían que su opción de fe religiosa y la institución católica constituían un asunto legítimo y también privado. El punto permitiría avanzar hacia la configuración de un Estado laico. Esto sería probablemente un alcance no deseado de la decisión de la Conferencia. Los sentimientos religiosos de la población, como toda la vida afectiva de las personas, no me merecen duda ni burla. Todos los padres y madres saben que resentir o castigar el sentimiento de una adolescente por un novio que a juicio de los padres no le conviene, no destruirá el sentimiento que ella experimenta por él. Los sentimientos comprometen radicalmente a las personas y solo pueden alterarse, en el sentido de revertirse, por los mismos que los experimentan. La fe religiosa es un tipo de sentimiento radical, o puede serlo. No tiene mayor sentido discutirlo como tal experiencia ni burlarse de ella. No solo resulta inútil sino que de mal gusto. La contraparte es que tampoco quienes experimentan fe religiosa deben ver en quienes no la tienen un tipo de discapacidad o maldad. Son seres humanos que carecen de fe religiosa. Pueden resultar personas bellísimas, solidarias, amables, tiernas. Sencillamente carecen de fe religiosa. Y son ciudadanos. Cuando se habla de un diputado “cristiano” (todos o la mayoría en Costa Rica deben serlo) se está hablando de un ciudadano diputado. Cuando legisla no debe intentar rebajar o discriminar a los ciudadanos que no experimentan su fe religiosa. De hecho, cuando alguna de ustedes vota me imagino que ninguno de los componentes de la mesa de votación les pregunta por su fe religiosa. Usted elige porque es ciudadana de Costa Rica y elige a un ciudadano diputado o  a un ciudadano alcalde, etcétera., no a un fiel religioso. Un diputado puede tener fe religiosa (de hecho la mayoría en Costa Rica se reconocerá cristiano) pero cuando efectúa sus compromisos de diputado debe cautelar que sus sentimientos religiosos no influyan de un modo tal que sectores de ciudadanos resulten lastimados o discriminados. Si el asunto que se discute y vota (en comisiones o en el plenario) tensa intensamente su fe religiosa siempre tiene la salida honesta de explicar su posición y abstenerse de votar en cualquier sentido. Estaría realizando una objeción de conciencia, pero al mismo tiempo asumiendo que en ese sitio representa a ciudadanos y no a fieles religiosos. Un diputado que gusta fingir concentrarse en la lectura de la Biblia mientras los otros parlamentarios debaten un tema ciudadano (lo que él llama ‘palabra de Dios’ siempre será más importante que lo que digan sus pares) equivocó el lugar para mostrar el compromiso de su fe religiosa. En las sociedades modernas la adscripción religiosa tiene el carácter de una decisión privada. Se muestra en el comportamiento personal, en el templo, en la participación pastoral, en los encuentros cara a cara con otros. En la vida pública el referente común es el de ciudadanía. Y si uno rechaza una decisión ciudadana, siempre está el camino de la objeción de conciencia. La objeción “salva” y no pone obstáculos a lo que otros ciudadanos estiman será mejor para los ciudadanos y su convivencia. Este “mejor” pasa por no discriminar personas y sectores sociales.

   La Nación (periódico, Costa Rica).- “La iglesia católica exaltó el valor de las niñas que decidieron no suspender su embarazo y tener a sus hijos, luego de que <les fue robada su inocencia>. Así lo dijo el obispo de Limón, Javier Román Arias, en la homilía del 2 de agosto en Cartago. Él las citó como ejemplo de personas que dijeron <sí a la vida en su vientre>” (3/08/2017, pág. 6A).

   HG.- Se señaló antes que no resulta sencillo separar tajantemente las intervenciones políticas de los dirigentes del Gobierno (o de cualquier otra persona) de las intervenciones religiosas propias de una eucaristía católica. Se escribió: “Se supone (el obispo a cargo de la homilía) tendrá la compleja y difícil tarea de no mezclar sus creencias pías con los desafíos y sentires ciudadanos” (el paréntesis no figura en el original). Si el periódico informa bien, el obispo que habló a los fieles, no pudo (o no supo o no quiso) cumplir con el sentido de la resolución que impide hablar a los Presidentes de Costa Rica en la misa con que el catolicismo institucional celebra a la Virgen de los Ángeles. El obispo Javier Román Arias hablo de jóvenes que no abortaron pese a que su embarazo es descrito como un “robo de su inocencia”, es decir como resultado de una violencia que dañó la vida psíquica, biológica, familiar y social de las jóvenes embarazadas. Las jóvenes a quien se refiere directamente el obispo al parecer residen en un albergue (La Posada de Belén) lo que puede indicar que requieren un tratamiento especial que sus hogares no les pueden dar. Esto permite sospechar el daño que los violadores causaron en ellas. El tema del obispo fue el aborto. Se trata de un tema doctrinal y teológico (y por ello religioso) para la iglesia católica. Pero también se trata de un tema político puesto que violadores y violadas, y las familias de las últimas, son jurídicamente ciudadanos costarricenses. Si la violación se cometió en Costa Rica también los violadores deberían ser castigados por las leyes vigentes acerca de la violación de mujeres y varones. Esa legislación existe. También existe legislación sobre el aborto. La vigente es muy restrictiva. Solo lo permite, o no lo pena, si tiene la finalidad de preservar la salud física o la vida de la madre. Quien ejecuta el aborto puede ser castigado con tres y hasta diez años de cárcel y la mujer que lo pide o lo realiza con uno y hasta tres años de cárcel. Existen otros detalles jurídicos pero con lo expresado una menor de edad (15 años) violada por varios sujetos puede recibir una condena de hasta tres años de cárcel por pagar o efectuarse un aborto. También la legislación le concede la posibilidad de un perdón judicial. Si no se llega a identificar a los violadores, podrían quedar impunes. Esta no-identificación no resulta rara por diversas razones. Una de ellas es que un porcentaje de las violaciones se da en el marco de la familia ampliada y ni los familiares ni la joven violada desean identificar al violador o violadores. La mujer violada, en cambio, no puede esconder el embarazo. Hoy en Costa Rica se producen quizás anualmente unos 30.000 abortos clandestinos. Para ello influye la legislación, aunque no sea el único factor.

   Que el obispo tocó un tema político queda en evidencia porque en el siglo XXI al menos dos Asambleas Legislativas costarricenses (los diputados se eligen por 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata), 2006-2010 y 2014-2018, han discutido sobre el aborto terapéutico (no está reglamentado y por ello no puede implementarse) y para dar más capacidad a la mujer para decidir sobre sus embarazos. Estos debates han tenido siempre una férrea oposición de la iglesia católica y de otras agrupaciones cristianas. Esta oposición es uno de los factores que impide se avance tanto en los campos específicos discutidos como en el reconocimiento de la plena dignidad y autonomía de las mujeres. El costo social y personal de los embarazos no deseados, y la peligrosidad de los abortos clandestinos, no puede ser por lo tanto y hasta el momento revertido. Al hablar del valor de las “niñas madres” del albergue (las comparó con la Virgen María), el obispo Javier Román Arias tocó un tema político. De esta manera incumplió con el deseo de la Conferencia Episcopal de no mezclar religión y política. Ya habíamos señalado que el obispo designado para dar la homilía no tendría una tarea fácil.

   En su Catecismo la iglesia católica ubica el tema del aborto (# 2270) inmediatamente después de tratar del homicidio voluntario. El criterio doctrinal está inscrito en acero: “La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción” (# 2270, itálicas no están el original). Lo menos que quiere decir ‘absoluta” es que no admite limitación alguna. Inmediatamente aparece el punto del aborto: “Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el inviolable de todo ser inocente a la vida” (# 2270). Esta doctrina identifica embrión-cigoto humano con persona humana. No todo el mundo está de acuerdo. Para otros, especialmente cientistas, el individuo humano no aparece sino unos 33 semanas después de haberse fecundado el embrión. Se habla entonces de feto. Por supuesto se trata de una disputa porque la vida humana puede ser alentada por Dios (Eva y Adán nacieron adultos, tras un soplo divino) o por la evolución compleja y azarosa de la vida en el planeta (Darwin). En este último caso el embrión-cigoto no es todavía un ser humano. La cuestión toca tanto el tema de la fecundación asistida como el del aborto. Sin embargo, el desafío del aborto remite a otro aspecto. ¿Es siempre conveniente (para una sociedad, para la futura madre, para la familia donde nacerá ese niño, etcétera) que todo embarazo (producido de cualquier manera) llegue a su término (nacimiento del niño)? Es el tema tanto de los anticonceptivos, como el de la píldora del día después y también el del aborto conveniente si concurren distintos factores (malformaciones, aspectos sociales y económicos, la precariedad de la salud de la madre, partos anteriores, etcétera).

   La doctrina católica es en estos puntos implacable: la vida sexual en la especie humana debe darse exclusivamente entre mujer y varón. Han de estar casados. Copulan para tener hijos y criarlos. Nada de anticonceptivos. La satisfacción orgásmica puede contener idolatría. No se aconseja. El hijo es enteramente humano cuando el embrión es fecundado. Sin duda el discurso contiene una concepción política (orden/desorden) de la existencia humana. Podría discutirse si en la especie existe algún tipo de expresividad que no descanse, de algún modo, en una o varias plataformas políticas.

   Una última referencia, más conceptual. La propuesta del numeral 2270 del Catecismo católico “La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción” utiliza ‘vida humana’ de una manera abstracta, en el sentido de vida nuda, sin más. La vida humana es siempre existencia situada. Y en muchas situaciones no se respeta el planteamiento católico. Si un barco se hunde, el dicho marino es “Las mujeres y los niños primero”. Los varones adultos y ancianos parecen ‘legítimamente’ sentenciados. Si un delincuente agrede con un hacha a la mujer que crió a alguien también parece legítimo (aunque no legal) que alguien, mujer u hombre, incluso un niño, defienda a esa señora ya anciana incluso quitando la vida al agresor. Las Cruzadas católicas, pedidas por Papas, incluían matar brutalmente a muchas personas. En estos días la Conferencia Episcopal de Venezuela se pliega a una entera descalificación del régimen político existente y con ello alienta una matanza que esperamos no se produzca. La Invasión de América por los cristianos ibéricos causó el mayor genocidio de la historia. Las dictaduras de Seguridad Nacional en América del Sur no fueron denunciadas vigorosamente por las Conferencias Episcopales de los países porque se prefería “salvar vidas”. No resulta necesario multiplicar los ejemplos. Todos los irrespetos a ‘la vida’ admiten ‘explicaciones circunstanciales’. Eso hace que un giro lingüístico como “la vida humana” sin más, carezca de valor práctico. La vida humana se da siempre en situación. De hecho la defensa doctrinal del embrión-cigoto participa de esta realidad situacional. No se habla de la vida sin más sino del embrión en un óvulo fecundado. El juicio remite a existencia humana situada.
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